lunes, 27 de junio de 2011

cherán, los pueblos indígenas y la desmilitarización

Salvador Campanur Sánchez *

Soy Salvador Campanur Sánchez, pertenezco al pueblo indigena purépecha de Cherán, Michoacán, no tomo la palabra para hablar sólo por mi pueblo, sino por todos mis herman@s. Somos una voz de los pueblos, naciones y tribus indígenas de nuestro país que nos hemos encontrado en el camino de este Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad.

Tenemos diferentes lenguas e identidades, compartimos los agravios: el despojo, el saqueo y la destrucción de nuestro territorio; la negación de nuestra identidad y la violencia sistemática de gobernantes, empresas rapaces y criminales. A nosotros nos agreden las autoridades que desconocen nuestro derecho a la autonomía y libre determinación, criminalizan nuestras luchas, roban nuestras riquezas y aplican una política nacional de exterminio contra nosotros. La agresión del Estado y sus cuerpos represivos se suma a la violencia impune de grupos paramilitares y de una criminalidad que cuenta siempre con el cobijo de las autoridades y la impunidad del sistema de justicia.

Nosotros reafirmamos los acuerdos de San Andrés como el punto de partida para el desarrollo digno de los pueblos originarios de méxico; ustedes, quienes dicen gobernar, además de faltar a la palabra empeñada, se han propuesto legislar en nuestra contra y han reformado la Constitución con el único interés de negarnos como sujetos de derecho público, para que nuestras riquezas pasen a las empresas privadas y trasnacionales.

Nosotros cuidamos los bosques y ustedes protegen a los talamontes; mientras nosotros cuidamos la madre tierra, ustedes abren el camino a las mineras trasnacionales que destruyen los montes y envenenan el agua, como sucede ahora mismo en San Luis Potosí, Durango y Guerrero, entre otros estados; con esto destruyen el futuro de nuestros hijos.

Los efectos de la devastación ecológica y el cambio climático son resposabilidad de ustedes, el resultado de estas políticas que han impulsado se traduce en el exterminio de pueblos y abre el camino a la migración, a la destrucción del tejido social; las instituciones y sus programas de dominacion generan el enfrentamiento entre pueblos, naciones y tribus.

En esta guerra injusta, nosotros, como pueblos indígenas, no sólo somos víctimas de la delincuencia organizada sino también de la violencia institucional del Estado mexicano, quien no reconoce nuestros derechos ancestrales y nuestras formas de organización. Por ello exigimos el reconocimiento constitucional de todos nuestros derechos y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

Cuando una comunidad indígena se enfrenta al crimen organizado nos topamos con la complicidad del gobierno y no encontramos protección para nuestros herman@s que valientemente han decidido denunciar ante las autoridades a estos criminales, pues no existe en el sistema de justicia un mecanismo concreto para proteger a las personas que denunciamos.

El gobierno también ejerce una forma de violencia cuando criminaliza nuestros sistemas de autodefensa y persigue a nuestros herman@s como si fueran delincuentes, sin considerar que esa forma de organización es una costumbre ancestral que hoy más que nunca toma vigencia ante la ausencia de protección y seguridad por parte del Estado mexicano. Por ello exigimos el reconocimiento de nuestros sistemas de autodefensa y de nuestras guaradias comunitarias.

Una violencia específica que sufrimos los pueblos indígenas es la que ejercen los grupos paramilitares que, a diferencia de la delincuencia organizada, son financiados, fomentados y protegidos por las autoridades. Por ello exigimos la desarticulación, el desarme y la desmovilización de todos los grupos paramilitares que existen en nuestro país y particularmente en nuestros territorios.

Ante todo esto exigimos como una muestra mínima de que ha escuchado nuestra voz:

1. Cumplimiento de los acuerdos suscritos entre las autoridades federales y la comunidad indígena de Cherán en materia de protección y justicia para desmantelar a los grupos criminales que la acechan.

2. Cumplimiento del Pacto Haurra Manaka, firmado en el año 2008 para la preservación de los lugares sagrados del pueblo wirrárika, y cancelación de las 22 concesiones otorgadas a la minera Ferst Majestic Silver en Wirikuta.

3. Garantizar el derecho al agua de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Morelos y el respeto absoluto del territorio y los recursos naturales de los 13 pueblos que se surten de los manantiales Chihuahuita, El Salto, El Zapote y Santa Rosa, y esclarecimiento de los asesinatos de los indígenas morelenses Miguel Ángel Pérez Cazales y Rubén Flores, de las comunidades de Santa Catarina y Coajomulco.

4. Esclarecimiento del asesinato de nuestra hermana Bety Cariño y nuestro hermano Jyri Jaakkola, defensores de derechos humanos asesinados en la caravana humanitaria del 27 de abril de 2010 en San Juan Copala, y desmantelamiento y castigo del grupo paramilitar Ubisort.

5. Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, hermanas indígenas violadas por militares.

6. Basta de agresiones y hostigamientos a la comunidad de Ostula, Michoacan, y a las comunidades zapatistas.

* Testimonio presentado este 23 de junio en el encuentro del Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad y el gobierno federal.


http://zapateando.wordpress.com

domingo, 26 de junio de 2011

la traición de Sicilia

A la gente de Ciudad Juárez, por su valentía y resistencia ¡Kita Shiwe!


La caravana por la paz en cabezada por el poeta Javier Sicilia y cuya terminación en Ciudad Juárez en los primeros días de julio llamó la atención nacional e internacionalmente, pudo haber sido el parteaguas de una verdadera agenda nacional surgida desde y para la sociedad de no haber sido traicionada por quienes la sugirieron y encabezaron.

Una persona conservadora no puede armar ni dirigir una revolución, mucho menos exigir o generar los cambios necesarios para su bien; un movimiento conservador es más bien un movimiento reaccionario cuyos alcances no van más allá de respuestas específicas, pero limitadas. Sin desestimar el dolor y sufrimiento de cómo surge la iniciativa de Sicilia, e incluso sus “buenas intenciones”, La caravana por la paz estuvo más cerca siempre y peligrosamente de llegar a un encuentro amistoso con sus verdugos, como finalmente sucedió, y no de permitir hacer distinguible la voz de quienes siguen manteniendo muy claramente la posición políticamente legítima de la salida del ejército de las calles y la renuncia de Felipe Calderón.

Casi rayando en la tragedia, las esperanzas del activismo juarense, mucho más claro en sus ideales y con una visión social de justicia de mayor alcance que el movimiento de Sicilia y por lo mismo más radical en sus demandas, no tuvo la fortuna de contar con la sensibilidad y apoyo de quienes desconocen o conocen distorsionadamente la realidad juarense y se opusieron casi desde un principio a hacer suyas las demandas antes mencionadas. La situación de Juárez se extiende lentamente al resto de la república casi de una manera dócil, confundida entre el discurso de unactivismo light como el de Sicilia, entre la confiada ignorancia de lo que nos espera en un porvenir no muy lejano, más el discurso y acción oficial del gobierno, cuyas muestras de hipocresía confunden al ciudadano(a) promedio desinformado y desprovisto de elementos suficientes para entender la realidad, su realidad.
Si Sicilia y sus seguidores fueron incapaces de sostener los acuerdos ciudadanos trabajados en Ciudad Juárez, mucho menos van a ir más allá exigiendo por ejemplo, la legalización de “drogas” como la marihuana por que no comprenden de manera holista los nudos enredados en la mafia de la ilegalidad, el negocio que esto genera y los intereses creados alrededor de ello, que incluye no sólo al mundo del narcotráfico, sino también el político y transnacional, como bien nos puede contar Washington a través de Wikileaks. El problema de la inseguridad y la “guerra” contra el narcotráfico es un escenario creado ex profeso para generar miedo y confusión en una sociedad vulnerable y vulnerada de manera genocida por quienes deberían de protegerla.

Han pasado casi cinco años desde la asunción al poder de Felipe Calderón, cuyo gobierno ilegítimo estará marcado por la historia como el más sanguinario en tiempos de paz. Una “paz” de características cuasi dictatoriales, soberbia y engañosa. La violación a los derechos humanos; las decenas de miles de asesinatos; la pérdida de las libertades y las garantías individuales; el asesinato y represión de actores y movimientos sociales más la limpieza social, son la marca de un calderonismo mocho, perjudicial con su gente y entreguista con los gringos, cuya agenda en México se enfoca, entre a otras cosas, a la división de la sociedad para beneficio propio. El sexenio de la muerte además amenaza con extenderse al siguiente sexenio siguiendo los dictados de Washington.

Es triste decirlo, pero el gran ganador de la iniciativa siciliana es el propio Calderón. Lo que inútil y torpemente ha buscado el gobierno federal por muchísimas formas de legitimar lo ilegitimable (es decir, la “guerra” contra el narco tal como la conocemos) lo encontró de manera fortuita en un movimiento que pudo haber dado más y que finalmente no comprendió su papel en esta historia. Imposible aceptar el protagonismo de Sicilia bajo estas circunstancias; quien debe estar agradecido es sobre todo Calderón y sus secuaces.

La situación de México es delicada, mucha gente muere violentamente o vive en el miedo por causa del gobierno y a la vez por la ausencia de éste. Culpar al narcotráfico de esta situación no sólo es engañoso sino irresponsable. Aun así es menester de la sociedad organizarse y confrontar a quienes provocan esta situación desde el poder. Hasta ahora los afanes del activismo no han logrado penetrar lo suficiente en una sociedad mexicana desinformada y despolitizada, temerosa de verse involucrada en lo que considera no es de su incumbencia. El movimiento de Sicilia es un intento más, fallido, por encontrar soluciones a esta situación anómica con los resultados que ahora todas y todos conocemos.

Alerta: Agresión en proceso de gobierno chiapaneco contra Isaín Mandujano, periodista crítico

Desde el arribo del perredista Juan Sabines a la gubernatura en Chiapas, las estrategias y tácticas de cerco informativo contra los movimientos sociales se han endurecido, a la par de una estrategia general de represión y achicamiento policiaca, militar, política y económica. Desde la prensa nacional hasta el más pequeño y modesto periódico local, pasando por todas las radios y televisoras nacionales y locales, han cerrado filas en torno al cerco informativo. Abundantes recursos estatales han sido canalizados con este fin.

Ante ello algunos pocos periodistas honestos de medios locales y nacionales han insistido en una postura crítica contra los vacios informativos, los boicots y las campañas negras de prensa ejecutadas desde el gobierno del estado. Paralelamente un emergente movimiento de medios libres ha tenido que surgir para derrumbar el cerco informativo.

Hoy sábado, dos de esos periodistas críticos: Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal corren riesgo de represalias del gobierno chiapaneco, el que como en otras ocasiones ha montado un escenario con el objetivo de acallar sus voces e ilegalmente y a la luz del día recluirlos en la cárcel.

Como Centro de Medios Libres no podemos dejar de pronunciarnos, solidarizarnos, con quienes han contribuído a romper el cerco para dejar que fluya la voz de los y las de abajo. No podemos dejar de denunciar al gobierno perredista de Juan Sabines, por una andanada represiva más, dirigida ahora contra periodistas críticos, antier contra 2 zapatistas y los últimos años contra el proceso zapatista, contra organizaciones y comunidades adherentes de La Otra Campaña, contra el magisterio democrático, contra las radios libres y comunitarias y contra toda organización de lucha y de izquierda.

Paralelamente a nuestra insistencia de que las organizaciones y comunidades construyan sus propios medios de comunicación, no podemos dejar de reivindicar el derecho de los periodistas críticos a ejercer sus derechos a la información y a la libertad de expresión, que aún son garantizadas por el marco legal en México a pesar de las sucesivas generaciones de leyes gestapo que se han ido imponiendo contra los derechos de la población. Y que son derechos humanos básicos garantizados por los tratados internacionales suscritos por el estado mexicano.

Aquí les compartimos un recuento de Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso, y de la periodista Ángeles Mariscal donde narran la situación de agresión y de alerta que viven este sábado:

Historial de agravios en contra de Angeles Mariscal e Isaín Mandujano en Chiapas

¿Qué está pasando en Chiapas en torno a los periodistas Ángeles Mariscal e Isaín Mandujano?

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Junio del 2011

A todos los interesados...

Desde hace más de 15 años, Ángeles Mariscal quien durante 16 años fue corresponsal de La Jornada en Chiapas (ahora ya no lo es) y yo con 13 años en la corresponsalía de la Agencia y Revista Proceso, hemos hecho un periodismo crítico, un periodismo al servicio de los grupos más vulnerables, dando voz a campesinos, indígenas, mujeres agraviadas, obreros, activistas de organismos defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y todo aquellos grupos que rara vez tienen voz en los medios controlados por el gobierno en turno de Chiapas.

Por esa línea editorial, a lo largo de estos más de 15 años en el periodismo chiapaneco siempre hemos recibido de las instituciones gubernamentales y sus funcionarios la exclusión y marginación en cuanto al acceso a la información, portazos en las narices cuando pretendemos solicitar una entrevista, intentos de sobornos, amenazas, linchamientos mediáticos, pero nunca la situación estuvo tan grave en torno a nuestra persona y labor como lo ha estado en los cuatro años y medio de la administración actual del gobernador Juan Sabines Guerrero.

Los gobiernos que han pasado estos años que tenemos de ejercicio en el periodismo chiapaneco nos han estigmatizado como voceros de sus enemigos políticos en turno como una forma fácil de pretender descalificar nuestra labor.

En una primera etapa de agravios se nos niega información pública, se nos niega la versión oficial cuando ocurren incidentes en la cual debamos constatar todas las visiones de un hecho, nos cierran las puertas en reuniones o eventos que deberían ser públicos, se nos niegan entrevistas, nos excluyen de conferencias en las que sólo aceptan a medios sujetos a la línea impuesta por el gobierno de Chiapas, todo esto que contradice la Ley de Derechos para el Ejercicio Periodístico que el propio Sabines Guerrero creó en agosto del 2007 y que sus propios subordinados desacatan.

A la par de esa dinámica, desde el 2007 se ha echado mano de personeros del gobierno de Chiapas, para arremeter contra nosotros y se nos ha emprendido una campaña mediática, tanto en la radio pública gubernamental como en medios impresos y medios digitales, como webs, blog y redes sociales.

Han habido momentos que se han incrementado estos ataques y aunque han bajado de nivel, nunca ha desaparecido. Siempre permanente, siempre en la mira, siempre monitoreados por los servidores públicos intolerantes a la crítica para luego arremeter en la menor oportunidad.

Sin lograr su objetivo, bajo engaños pretendieron “videoemboscarme” a mediados del 2007 en situaciones que podrían comprometerme con mi empresa y mi pareja.

Mis textos en la revista Proceso, pero sobre todo mis notas informativas que me suben a diario en la web de la revista causan tal incomodidad que en muchas ocasiones eran motivos de llamadas telefónicas en las que pretendían reclamarme hasta que como vieron que estas no daban los resultados esperados dejaron de hacerlas.

En reuniones con el entonces subsecretario de gobierno del estado ahora coordinador de asesores del gobernador, Nemesio Ponce Sánchez, después con el titular del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas, Jaime Culebro Guillén y luego con el gobernador Juan Sabines Guerrero, en ese orden de aparición en el 2009 y principios del 2010, hubo todo tipo de ofrecimiento hacia mi persona desde la amistad hasta apoyos para crear mi propio medio, espacio en la radio y televisión oficial y otras ofertas que agradecí amablemente con el argumento que lo único que esperaba de ellos era respeto y tolerancia.

No conforme con la exclusión, se originó la embestida con amigos muy cercanos, que han apoyado mi misión en la realización de cursos y talleres sobre periodismo digital en Chiapas. El activista del software libre Héctor Bautista fue detenido por la PGJE de Chiapas en noviembre tras una supuesta denuncia anónima, le pretendieron sembrar miles y miles de imágenes de pornográficas, todo por ser prestador de servicio de hosting de mi amigo Antony Flores con su web infochiapas.com donde se dijo que Chiapas tenía la mayor deuda pública en 16 años.

Tras 40 días preso, gracias al apoyo de las redes sociales y de cientos de activistas, blogueros, tuiteros, feizbukeros y compañeros periodistas como Fátima Monterrosa y Denise Maerker, por fin logramos la libertad de Bautista cuando más fuerza tomaba el movimiento de protesta. Bautista salió libre y ahora está ajeno a todo tras la pesadilla que vivió por el abuso del poder.

La embestida no sólo fueron contra Bautista y Flores, también se arremetió en contra de otro amigo comunicador del que prefiero omitir su nombre por temor a más represalias, a quien con el impulso del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, también le abrieron una averiguación previa por una campaña de denuncia de baches para que la autoridad pusiera manos a la obra en su reparación misma que se gestó y tuvo fuerza en las redes sociales, pero las autoridades municipales la entendieron como una campaña para ridiculizarlos, si bien no fue a prisión fue presionado para borrar toda evidencia de esa campaña y silenciado.

A raíz que de que entendieron la fuerza de las redes sociales, servidores públicos del gobierno de Chiapas tomaron por asalto esta herramienta en la que evidentemente estaban siendo rebasados. Se dieron a la tarea de contratar personal especializado en ello y empezaron a crear cuentas falsas o anónimas de blogs, webs, twitter, facebook, videos en Youtube, desde donde continuaron su embestida mediática.

Uno siempre da por hecho de que las líneas telefónicas están intervenidas, pero a través de cuentas de twitter me hacían constatar detalles de charlas y conversaciones de un día anterior había hecho sólo por esa vía. De forma extraoficial me dijeron que el equipo de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada de la PGJE era utilizada para el espionaje de políticos, empresarios y periodistas.

Algunas de las cuentas en twitter son @El_ObservadorV @Sneutron @noti_chiapas @rumaldochis @donchoma2010 entre otras más. Ofensas vulgares y obcenidades reflejan la ira a nuestra labor como Blogs como http://chiapascentral.blogspot.com, http://gabtcama.blogspot.com o http://realchiapas.blogspot.com/ son tan solo algunos que ha tan pronto como son descubiertos desaparecen.

Por otras webs que usaron como trincheras interpusimos una denuncia penal en agosto del 2010 pero nunca procedió la PGJE se declaró “incompetente” al carecer de policía cibernética situación que contrasta cuando sí procedieron contra Bautista, Flores y otros al igual que otro tuitero chiapaneco a quien acusaron de varios delitos, lo intimidaron y huyo de Chiapas por temor a su vida y su seguridad, por hacer de las webs, blogs y redes sociales críticas al gobierno de Chiapas y algunos servidores públicos.

Al tener en nuestras manos las averiguaciones previas iniciadas en contra de mis amigos he podido constatar un denominador común, a los mismos servidores públicos empeñados en pretender defender la imagen del gobierno de Sabines, argumentando que somos “desestabilizadores”, “incitadores a la violencia” que podríamos crear un “caos social” y estatus de “animadversión” contra el gobierno de Sabines.

A través de amigos de los muchos que trabajan dentro del aparato de gobierno en Chiapas, nos dijeron que se contrató a un grupo de jóvenes expertos en sistemas computacionales, cuya misión “es desmentir y atacar por cuestiones políticas”, al exgobernador antecesor de Sabines, a periodistas como el que esto escribe y organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, “a través de las redes sociales de internet”, los trajeron a Chiapas “bajo un contrato de confidencialidad y previa amenaza de graves consecuencias si alguno de sus integrantes público su trabajo.

Los hombres dedicados a la tarea de difamar y calumniar formaron “dos equipos de impacto, son dos equipos por que se cuidan que ningún integrante del otro equipo copie, distribuya o transmita archivos privados”, se vigilan mutuamente.

“Las actividades que se llevan acabo en este momento son a través de las redes sociales, blogs, correos electrónicos masivos y espionaje a celulares y Smartphones. Pensando en tu privacidad te recomiendo no utilices tu Blackberry para escribir o hablar sobre cuestiones no públicas, así mismo te recomiendo no utilices computadoras prestadas, que de preferencia utilices Windows 7 Ultimate con antivirus Kaspersky y navegador Mozilla Firefox, que acostumbres apagar tu equipo cuando no está en uso y evites usar tu Ubuntu pues si no tienes amplios conocimientos de redes se las pondrás más fácil por que en dos meses va a venir un hacker que traen de India y con las recomendaciones que te doy será difícil que logren penetrar en tus equipos”, nos reveló otra fuente vía anónima que mostró admiración a mi trabajo como periodista e indignado por los ataques hacia mi persona.

En su afán por pretender buscar algo que nos incrimine han puesto de cabeza oficinas de comunicación social buscando supuestos documentos que prueben que cobré en el gobierno pasado o bien que cobró en instituciones como la Universidad Autónoma de Chiapas. Ante la impotencia han elucubrado falsificarlos.

El Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas presionó al diario donde Ángeles Mariscal trabajó 16 años y en este 2011 ya no le renovaron su contrato, afortunadamente fue liquidada conforme a derecho.

Cuando Mariscal pretendía trabajar como docente en la Universidad Autónoma de Chiapas, de pronto le cancelaron el contrato y le cerraron las puertas definitivamente, nada que tuviera que ver con ella o conmigo debería tener presencia en mi Alma Mater.

Ella siempre bajo el hostigamiento de servidores públicos del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas fue agredida por custodios y personal de los juzgados en el penal de El Amate el pasado 8 de junio cuando cubría una audiencia judicial. El jueves 23 de junio interpuso su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas y su denuncia penal en la Fiscalía para Periodistas de la PGJE de Chiapas.

Por mi parte, Isaín Mandujano, ese mismo día interpuse también una denuncia penal por una nota periodística pagada en medios impresos locales el domingo 19 donde se pone en grave riesgo mi integridad y la de mi familia al poner en boca de una exconsul de Honduras declaraciones que nunca hizo, en el sentido que echaría Los Zetas a los servidores públicos que provocaron su salida de Chiapas y de paso contra el periodista que estos escribe. Nada más falso. La inserción pagada tenía toda la manufactura del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas.

Como respuesta a nuestras demandas penales, ese mismo jueves por la tarde la PGJE emitió una misiva en la que refiere una investigación “por los delitos de Homicidio en Grado de Tentativa, Lesiones y Amenazas, derivado de la agresión que sufriera durante las primeras horas del pasado domingo el periodista Jacobo Elnecavé Luttmann”.

El pasado sábado 18 en la noche o domingo 19 en la madrugada, fue agredido el señor Fausto Jacobo Elnecavé Luttman en un exclusivo bar de la ciudad, al que jamás he frecuentado en mi vida. Varias versiones me llegaron del incidente del que no presté atención, no lo expongo acá para no abonar a la confusión de las investigaciones aunque pretendan pervertirlas de oficio en la PGJE.

El citado comunicador social institucional ha sido antes titular del Instituto de Comunicación Social, asesor del gobernador en materia de medios, es actualmente titular del noticiero de la tarde en la radio y al televisión del gobierno de Chiapas. El vocero pues en los medios electrónicos. Además de oficialmente fungir como jefe de comunicación social de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Pretenden involucrarme en la citada agresión al comunicador institucional, dejando entrever que podría haber sido el autor intelectual, pues señala la PGJE que quienes lo agredieron actuaron a mi nombre. Esto es lo que yo considero la más burda y nueva acción para amedrentarme al no tener hasta ahora ningún otro elemento para hacer que mi labor sea censurada. Me deslindo de ataque alguno.

Como he conocido y documentado personalmente de como en Chiapas se abusa del poder, de la fuerza pública, como se doblan los jueces de consigna y como se retuercen las leyes en Chiapas, considero que no existen las condiciones para hacer un periodismo donde se garantice mi seguridad y principalmente la de mi familia expuesta a riesgos altos de agresiones.

Hasta ahora, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donde ya tenemos abierta una queja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ha estado dando seguimiento puntual a los agravios desde diciembre pasado, es lo que no fortalece. Esto, aunado también, al gran apoyo de muchos ciudadanos, activistas, colegas periodistas, organizaciones y demás personas que conocen nuestra labor.

Mis blogs y mi presencia en las redes sociales incomodan a los defensores de la “buena imagen” del gobierno de Chiapas. Por lo que no descartamos que pretendan implicarnos en otras denuncias o falsas acusaciones. Sabemos que en Chiapas todo conspira desde el aparato público en contra de lo que ellos consideran atenta contra sus intereses.

No reclamos más que respeto y tolerancia. Eso es todo. No más. Responsabilizo a las autoridades locales de todo agravio contra mi persona o cualquier miembro de mi familia, así como mis amigos cercanos que también viven con la advertencia de represión en lo laboral-

Angeles Mariscal Pioquinto

Isaín Mandujano Camacho.

NOTA INCRIMINATORIA EN MI CONTRA

PGJE investiga agresión en contra de Jacobo Elnecavé, periodista chiapaneco

Derivado de la agresión que sufriera las primeras horas del pasado domingo el periodista Jacobo Elnecavé Luttmann, la Procuraduría General de Justicia del Estado ya realiza el desahogo de las diligencias correspondientes, para dar con el paradero de todos los responsables de este hecho delictivo.

De esta forma, se llevan a cabo las pesquisas entre las que destacan la recepción de las declaraciones ministeriales de los testigos, exámenes periciales, levantamiento de evidencias y el análisis del video de circuito cerrado.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició la averiguación previa 223/CAJ4A/2011 por los delitos de Homicidio en Grado de Tentativa, Lesiones y Amenazas.

De acuerdo a las investigaciones, el comunicador se encontraba en compañía de amigos al interior de una discoteca ubicada al poniente de la ciudad, cuando de manera intempestiva sujetos desconocidos lo comenzó a agredir con un objeto contundente, causándole diversas heridas en el cráneo, cara y hombro derecho.

La de mayor gravedad es de 12 centímetros en la mejilla derecha.

Durante el ataque, los agresores se lanzaron en contra del periodista, al tiempo en que repetían que “esto es para que no te metas con los Álvarez Puga… esto también es por Isaín, te vas a arrepentir”.

Mientras continuaban agrediéndolo, lo amenazaban y lanzaban frases intimidantes que denostaban el trabajo periodístico de su víctima.

Al respecto, Jacobo Elnecave declaró ante el Ministerio Público que con Isaín Mandujano ha tenido serias fricciones por el manejo de información y opiniones, donde el citado Isaín se ha mostrado “intolerante”.

El gobernador Juan Sabines instruyó por la gravedad de las lesiones su traslado a la Ciudad de México donde, de acuerdo al último reporte médico “se le practican estudios por una lesión en la cabeza, un traumatismo craneoencefálico”, además recibe tratamiento para la reconstrucción del rostro donde las lesiones son de gravedad.

http://www.kaosenlared.net

sábado, 25 de junio de 2011

Desmilitarización: uno de los porqués...

Víctor M. Quintana S.
L

a noche del 29 de diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a la fuerza y sin orden judicial a tres jóvenes: Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 31 años; a su primo José Ángel Alvarado Herrera, de 30 años, y a la prima de ambos, Rocío Irene Alvarado Reyes, de 18. Permanecen desaparecidos desde entonces. Pero gracias a la reacción de la familia y de tres organizaciones de derechos humanos está a punto de lograrse la primera resolución de revisión de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra de una acción de los operativos conjuntos de policías y Ejército iniciados por Calderón en 2006.

Hay pruebas de que fueron elementos del Ejército Mexicano quienes privaron ilegalmente de su libertad a los Alvarado: la camioneta en que viajaban Nitza Paola y José Ángel al ser detenidos fue incautada por el Ejército y puesta a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones en Nuevo Casas Grandes, según consta en autos. Por otro lado, al interponer la denuncia correspondiente los familiares de los jóvenes, los días 30 y 31 de diciembre de ese año, fueron informados por sendos agentes del Ministerio Público de que los tres estaban detenidos en las instalaciones del 35 batallón de infantería en Nuevo Casas Grandes. Más: los familiares de las víctimas tuvieron conocimiento de que éstas fueron desaparecidas durante el operativo que el Ejército Mexicano realizó en Buenaventura el 29 de diciembre de 2009, comandado por el teniente coronel Élfego José Luján Ruiz.

Como siempre, el Ejército Mexicano se ha negado a reconocer los hechos. Cuando los familiares interpusieron denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República, esta última declinó su competencia a favor de la Procuraduría Militar, lo cual constata que elementos del Ejército Mexicano estuvieron directamente involucrados en la desaparición forzada. La PGJE la admitió como caso depersonas desaparecidas y no como de desaparición forzada. Hasta ahora los familiares y sus representantes se han negado a reconocer el fuero militar y exigen que las investigaciones salgan del ámbito de la procuraduría militar y se realicen en el del fuero común.

Las instancias gubernamentales han ocultado información, no se coordinan entre ellas y operan con enorme negligencia. Por ejemplo, dos meses después de la desaparición forzada se tuvo la última noticia de Nitza Paola. Logró comunicarse por celular con una amiga, a quien angustiada y apresurada le gritó: Ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva, tengo miedo. Los familiares y sus representantes denunciaron el hecho y proporcionaron a las autoridades la información sobre el número telefónico en el que se recibió la llamada de auxilio. A pesar de contar con la tecnología y los medios adecuados para rastrear la llamada e identificar al propietario de la línea, el Estado mexicano ha sido totalmente omiso.

En Chihuahua ha habido más de 200 casos de desapariciones forzadas desde que se inició esta guerra contra el narcotráfico. Pero, en el caso de los Alvarado, gracias a la tenacidad y valentía de la familia y a la labor comprometida de Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, se ha litigado intensa y sabiamente. La familia y los coadyuvantes, Emilia González, Luz Esthela Castro y Patricia Galarza han presentado todos los recursos correspondientes ante el Estado mexicano, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema de Naciones Unidas.

Han tenido importantes logros: el 26 de mayo de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a los tres jóvenes y conminó al Estado adoptar de inmediato las medidas necesarias para determinar lo antes posible el paradero de ellos y proteger su libertad, su integridad y su vida. Las medidas provisionales se ampliaron en noviembre del mismo año a favor de 23 de los familiares de los Alvarado y Emilia González, una de las representantes legales. Esta resolución se dio por la extrema gravedad y urgencia de la situación y con el finde evitar daños irreparables a las personas. El primero de abril de 2011 la CIDH amplió las medidas provisionales a nueve familiares más y concedió una audiencia pública en su sede de San José de Costa Rica, el próximo martes 28 de junio, para revisar las multicitadas medidas provisionales que el Estado mexicano se niega a cumplir.

La visibilización del caso a escala nacional e internacional y la actitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han puesto muy nerviosos al Ejército y al Estado mexicano. Los militares han estado acosando de diversas formas a miembros de la familia Alvarado y a sus representantes legales. Luego de una llamada telefónica efectuada el 29 de enero pasado, los familiares tuvieron que dejar sus domicilios y trabajos para esconderse ante las amenazas de muerte. En la inminencia de la audiencia pública de la Corte Interamericana en Costa Rica, el hostigamiento se recrudece: el domingo 5 de junio la Policía Federal allanó el local del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; la Secretaría de Relaciones Exteriores pone mil trabas para entregarle su pasaporte a La Güera Alvarado, una de las más combativas mujeres de la familia, para que pueda acudir a la audiencia. El gobierno federal logró además que la Corte Interamericana le concediera unaaudiencia privada previa a la pública, cosa muy inusual cuando se trata de revisión de medidas provisionales.

Es deseable la Corte Interamericana no se deje presionar por el gobierno de Calderón y emita una resolución paradigmática que lo obligue a responder por la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío y José Ángel.

Casos como este son los que explican por qué entre la ciudadanía chihuahuense crece la demanda por la desmilitarización del país. No éramos ariscos…


miércoles, 22 de junio de 2011

campaña nacional e internacional contra el hostigamiento judicial y la criminalización a defensores de dh y luchadores sociales en méxico


http://www.pozol.org/?p=1446

Considerando que:

En México, existe una guerra. No es sólo la desastrosa guerra contra el “crimen organizado”, es la guerra contra la gente y sus luchas por una vida digna. Es guerra contra la gente que no esta de acuerdo en ser continuamente pisoteada y tratada como mercancía o como delincuente. Esta historia, se repite en muchas historias de injusticia e impunidad. La persecución y la represión es la forma en que el gobierno de cualquier nivel enfrenta a los pueblos que se organizan para defender su tierra y sus recursos.

En México, ser un defensor de los derechos humanos es un trabajo que se ha vuelto peligroso para quienes deciden hacerlo. Los que trabajan en temas que van desde asuntos relacionados al medio ambiente, a los derechos de las mujeres, los campesinos, los periodistas, migrantes, los indígenas. Diariamente reciben amenazas a su integridad física, psicológica y la de sus familias y esta situación cada día va empeorando.

En México, existen muchos intereses económicos, hay una pugna por vender y poseer sus recursos. Lo que les estorba en sus planes por el poder y el dinero, son los pueblos que defienden su forma de vida y su trabajo, que viven y cuidan sus recursos, sus tierras, su agua.

En Chiapas, es el caso, entre muchos otros del compañero Nataniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, con sede en la ciudad de Tonalá. Centro que ha acompañado los trabajos y la lucha del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, fue detenido en dos ocasiones, una por cargos a nivel estatal y la segunda por cargos federales. Queda clara la estrategia de la persecución al compañero y la represión en contra de la gente que se organiza y lucha. Actualmente enfrenta cinco procesos penales totalmente bajo consigna y amañados, los cuales son una muestra más de que en México la justicia no existe, la impunidad es lo que prevalece. El compañero no esta solo, así como nadie que en la defensa de su pueblo y sus derechos levanta la voz y la organización.

Ante esto:

Junto a muchos compañeros y compañeras en todo el país y el mundo,vamos a iniciar la CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL CONTRA EL HOSTIGAMIENTO JUDICIAL Y LA CRIMINALIZACION A DEFENSORES DE DH Y LUCHADORES SOCIALES EN MEXICO.

Con los siguientes objetivos:

1. Por la justicia verdadera y contra la persecución política, la represión y la criminalización de los movimientos sociales.

2. Cancelación de la amenaza jurídica y de los procesos injustos en contra de los luchadores sociales y los defensores comunitarios de Derechos Humanos.

3. Por respeto y defensa a los Derechos Humanos en México.

4.La cancelación de los procesos jurídicos que el gobierno mexicano tiene en contra del compañero Nataniel.

Para esto:

Llamamos a todos y todas a asistir a la Conferencia de Prensa a realizarse en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; el día jueves 23 de junio de 2011, a las 12 del día.

Se llevará a cabo en el Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas, ubicada en la Calle Cerrada de Chapultepec #8, col. Sector Salud, (por la salida a Tuxtla, muy cerca de la Bodega Aurrerá).

Con la participación de integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, Centros de Derechos Humanos, organizaciones y colectivos.

Simultáneamente se llevarán a cabo diversas acciones de difusión en varias ciudades de Chiapas, volanteos y perifoneos.

Proponemos:

Invitar a otros y otras para que se sumen a la propuesta. Con sus propios casos, hacer una información conjunta y articularnos para su difusión. Instalar mesas de información, para recabar firmas de apoyo.

Preparar Foros, Conferencias, Encuentros. Donde asista no sólo el compañero Nataniel, sino también otr@s afectados por la persecución.

Articular a nivel internacional a organizaciones y colectivos de apoyo.

Preparar movilizaciones y acciones en diversos puntos del país.

SI NOS TOCAN A UN@, NOS TOCAN A TOD@S.

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas.

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.

PRESOS POLITICOS, L I B E R T A D ! ! !

Página del consejo: http://consejoautonomo.wordpress.com

autonomía! autogestión! horizontalidad!

jovenes en resistencia alternativa

www.espora.org/jra

ciudad de méxico: 36266692

viernes, 17 de junio de 2011

las putas somos sagradas





Más de 100 mil personas en paro nacional estudiantil

100 mil personas –según los organizadores- se reunieron hoy en la marcha convocada por la Confech en Santiago, que tuvo su versión en ciudades del país que congregan centros universitarios. Pero no sólo estudiantes secundarios y universitarios estuvieron presentes: Profesores, funcionarios, trabajadores de la salud y del cobre, empleados fiscales y ambientalistas, confirmaron que hoy los estallidos sociales convergen en una crítica general al país que el actual modelo de desarrollo ha configurado.

A eso de las 11 de la mañana la gran columna que reunía a diversos sectores sociales, comenzó a avanzar por la Alameda de Santiago. Estudiantes secundarios de toda la Región Metropolitana y sus diversas coordinadoras, de las universidades del Consejo de Rectores y de varias universidades privadas, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, lideraban la protesta. Los cálculos más conservadores hablaron de 70 mil personas.

Además, asociaciones de funcionarios de varias casas de estudio, la Federación Nacional de Profesionales de la Salud (Fenpruss), la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), las diversas comunales del Colegio de Profesores y profesores de todas las edades de colegios y liceos, la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores (Sename), la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, entre muchos otros actores, recorrieron la distancia que va desde Plaza Italia hasta la Plaza de Los Héroes, gritando consignas y levantando carteles.

Una vez que los miles de personas comenzaron a llegar hasta la Plaza de Los Héroes, donde había instalado un escenario, varios oradores se dirigieron a la audiencia. Entre ellos, Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, y Camila Vallejos, presidenta de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

Para hacerse una idea de la cantidad de gente: La columna se extendía desde la Plaza de Los Héroes (metro Los Héreos) el Paseo Ahumada, por la Alameda.

En su discurso, Vallejos calificó de “gloriosa” la “histórica” marcha ciudadana. Mientras esta mañana, María José Hoffmann (UDI), presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados señalaba que “basta de manifestaciones, es hora de ponernos a trabajar”, Vallejos recordaba a quienes decían que la gente no quiere manifestaciones, que “los cien mil que estamos aquí sí queremos recuperar la educación pública”.

La dirigenta indicó que “la ciudadanía clama porque se regule la educación de mercado, queremos terminar con el desfinanciamiento de las universidades estatales y con el lucro y avanzar con la gratuidad, porque la educación es un derecho y no un bien de mercado”.

“Hoy ya no nos sirve dialogar, exigimos que se haga valer la ley y que se detenga el lucro en la educación. El Gobierno nos ha dado la espalda, pero hoy debe ser capaz de atender a las demandas del mundo social”, enfatizó.

Hasta el escenario central llegaron parlamentarios como Guido y Cristina Girardi, Lautaro Carmona, Sergio Aguiló y Hugo Gutiérrez, políticos como Alejandro Sule y varios presidentes de los gremios de trabajadores. Se percibía una extraña esquizofrenia cuando la animadora gritaba: “¡Y va a caer, y va a caer, la educación de Pinochet!”, considerando que a su lado estaban varios políticos que poco y nada hicieron por derribar el modelo de educación heredado de la dictadura y maquillado durante la Concertación.

Los políticos fueron recibidos con pifias, aunque también se escucharon algunas durante la intervención de la presidenta de la Confech. El gran ausente fue Arturo Martínez, cuestionado presidente de la Central Única de Trabajadores (Cut), quien a esa hora se encontraba ante la Comisión de Hacienda del Congreso, presentando su propuesta de reajuste del salario mínimo a 192 mil pesos.

Mientras se desarrollaban los discursos, un minoritario grupo de jóvenes se focalizó en destruir símbolos del poder económico y enfrentarse con Carabineros, quienes atacaron con lanza-aguas y lacrimógenas.Gonzalo Díaz del Río, encargado de seguridad de la Intendencia, señaló a más de una cuadra del lugar, que “la policía actuó porque tiraban piedras en la esquina de Amunátegui con Alameda”.

Producto de la revuelta, resultó saqueada una tienda de la telefónica “Claro”. Sin embargo, Calzados Beba, el Hotel Diego de Almagro, y un kiosko que se encuentra en esa esquina no sufrieron daños. Se informó de más de 30 personas detenidas.

“Nosotros teníamos permiso hasta las dos de la tarde y Carabineros ya estuvo interfiriendo desde la una y media (13:30 horas) con carros lanza-aguas, con bombas lacrimógenas. Había carabineros de civil infiltrados llevándose gente que estaba manifestándose de manera pacífica. Esas son claras provocaciones”, aclaró Camila Vallejos, entrevistada esta tarde por CNN Chile.

¡LAVIN, PIÑERA: LA MISMA BILLETERA!

El ambiente festivo fue la tónica de la marcha. Profesores jóvenes y mayores bailando “¡Está la escoba, está la escoba”, numerosas mini bandas de carnaval, murgas y batucadas sonorizaron el ambiente. Hasta un Jack Sparrow se paseaba motivando consignas y bromas.

Por otro lado, una especie de “funeral de la educación chilena”, congregaba a varias decenas de jóvenes vestidos de negro y con el rostro pintado de blanco. Cargando una bandera chilena a modo de féretro y acompañados de músicos que entonaban una marcha fúnebre, se detuvieron frente a La Moneda y lloraron por varios minutos.

En la tomada Casa Central de la Universidad de Chile, estudiantes de medicina ofrecían evaluaciones gratuitas, mientras la estatua de Andrés Bello observaba encapuchado -con una botella a semejanza de molotov en la mano y un cartel que decía “Alerta: Educación en peligro”-, como lo fotografiaban cientos de curiosos.

Entre muñecos gigantes y grotescos de políticos, enormes lienzos y pancartas, encontramos frente a La Moneda a una mujer de estampa férrea posando con un letrero que decía: “Se vende lindo país con vista al mar. Llegar y robar”. La mujer era Ana Leonardini, profesora de educación general básica con muchos años de servicio. Al preguntarle sobre el sentido de su letrero, explicó: “Se supone que tenemos una democracia, pero todo está vendido: La salud, la educación, la vivienda, las playas, los caminos, los mares, el agua, todo. En esta marcha debería estar el país completo que se siente perjudicado, pero hay conciencias que aún no se han despertado”.

La novedad de la jornada fueron las chapitas que varios aparecieron comercializando. Las más vendidas, según éstos, rezaban: “La educación chilena no se vende, se defiende”, “Piraña entiende: La educación no se vende”, “Lavín: Para de payasear”, “Por estudiar estoy endeudado. Lavín para la mano”, y “TVN miente”.

VOCES CIUDADANAS

Más allá de los discursos de los oradores oficiales y las palabras de los voceros, entremedio de la marcha, la ciudadanía también tiene su opinión.

“Nosotros somos parte de los trabajadores concientes, que sabemos lo que significan las intenciones privatizadoras del Gobierno. Por eso estamos en la calle”, señala José Barría, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Universidad Tecnológica Metropolitana (Utem).

“La situación de deterioro de la Utem no es especialmente diferente a muchas otras universidades del país. Nuestra universidad ha sido el chivo expiatorio que justifica privatizar más universidades tradicionales”, explicó.

Oscar Montes, profesor e inspector general del liceo Juan Antonio Ríos de Quinta Normal, tomado desde el viernes, manifiesta: “Nosotros apoyamos la toma pacífica de los estudiantes, los profesores hemos estado con ellos. Esta marcha es importante porque las propuestas legislativas pulverizan la educación pública y el estatuto docente. Queremos que el Estado tenga una participación fundamental en educación”.

“Yo respaldo a los estudiantes y a todos los movimientos que buscan mejorar las condiciones de los trabajadores. Fuera de ser trabajadora, también soy mamá y tengo un hijo estudiando en una universidad privada. Por otro lado, en salud nosotros también rechazamos las privatizaciones de los consultorios primarios, que hoy se encuentran en una situación de precariedad”, comenta María Elena Alegría, representante de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam), quien trabaja en el consultorio de atención primaria Gustavo Molina, en Pudahuel.

Juan Droguett, presidente del Centro de Padres del Tercer Año A y miembro de la Comisión de Reconstrucción del Instituto Nacional Barros Arana (Inba), explica que “como padres somos los más afectados por el modelo de educación, porque nosotros ponemos las lucas. Por eso apoyamos la toma de nuestros hijos. Con esta tremenda convocatoria, el Gobierno tiene que tener una respuesta pronta a nuestras demandas, que no son sólo por la educación, sino también por la salud, contra las tiendas comerciales, por el medioambiente”.

MARCHAS EN TODO CHILE

Desde Arica a Punta Arenas, miles de estudiantes y trabajadores se movilizaron. En el extremo norte, las marchas fueron impulsadas por la Universidad de Tarapacá. En Antofagasta se contabilizaron más de tres mil movilizados, que llegaron hasta la Intendencia para demandar cambios a la educación.

En La Serena y Coquimbo, participaron trabajadores de la salud y dirigentes de la CUT, además de los estudiantes de la educación privada.

En Valparaíso, unas 20 mil personas marcharon desde la Plaza Sotomayor hasta el Parque Italia y en Talca marcharon profesores y estudiantes e incluso se produjo el bloque de la ruta que une a Talca conSan Clemente.

En el sur, Concepción lideró la convocatoria con más de 15 mil personas en las calles, de planteles tradicionales, privados y escolares. En Puerto Montt, los cesantes se unieron a la convocatoria y enAysén y Punta Arenas también adhirieron al paro.

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